La Ciudad de México enfrenta una crisis de vivienda y en el debate legislativo se pretende adoptar medidas para combatir la especulación inmobiliaria. Una de las innovaciones más relevantes fue la creación de un registro digital obligatorio de contratos de arrendamiento. Los nuevos contratos deben registrarse en 30 días y los existentes en 90. El objetivo oficial es vigilar los aumentos de renta y verificar el cumplimiento de la normativa. Sin embargo, expertos cuestionan la constitucionalidad de la medida, argumentando que su fin real es el control estatal. Este registro podría integrarse con otras bases de datos para fines fiscales, de seguridad o de inteligencia, creando un riesgo de vigilancia por acumulación de datos. A pesar de que se busca controlar el alquiler, existen alternativas como encuestas para obtener estadísticas. El debate fundamental es si el beneficio de la medida justifica la intrusión en la privacidad y el acopio de información personal. Mientras estas cuestiones queden abiertas, la constitucionalidad del registro seguirá siendo provisional.
