La diputada Sandra Pámanes exigió al alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, rescindir de manera inmediata el contrato de energía con la empresa Next Energy por estar vinculada a múltiples irregularidades. Esto ocurre luego de que Eugenio Maiz Domene, dueño de Next Energy, fue acusado de fraude y puesto en prisión preventiva en un penal de Aguascalientes por presuntamente incumplir con un contrato de suministro de energía en esa ciudad. "El tiempo nos dio la razón, cuando en su momento denunciamos la existencia de este tipo de acuerdo por parte de Adrián de la Garza", señaló Pámanes. Ella subrayó que este asunto repercute a Monterrey en particular de manera contundente porque se trata de una empresa y de las consecuencias que tiene el realizar este tipo de contratos que van en detrimento de las finanzas de los municipios. Según la diputada, los datos y la información que tenemos, que incluso pudiera ayudar a la autoridad federal para poder llegar a más pruebas y elementos en contra de este empresario y todavía poder tener más elementos para que responda a las administraciones, no solamente del estado de Aguascalientes, sino aquí en Nuevo León y en Monterrey. "Aquí hay un gran desfalco a las finanzas de Monterrey y hay una responsabilidad directa porque el origen de este problema se genera en la anterior administración de Adrián de la Garza y subsiste y se mantiene en la actual ¿A cambio de qué está realizando este tipo de acuerdos Adrián de la Garza?", cuestionó. Por ello, la exigencia es que se rescinda el contrato que aún existe en Monterrey con Next Energy, la empresa señalada y cuestionada, motivo por el cual este empresario, dueño de esta empresa, ya se encuentra a disposición de la autoridad federal, manifestó Pámanes. Ella señaló que lo sucedido en Aguascalientes no es un hecho aislado porque lo mismo se dio en Monterrey cuando la empresa no ha construido la planta fotovoltaica establecida en el contrato ni se han instalado los paneles solares en edificios públicos. "Imaginen comprometer los recursos del municipio por 30 años, sin que la ciudadanía obtenga un beneficio directo", añadió. Sandra Pámanes cuestionó que el Alcalde no haya informado si ya presentó la denuncia correspondiente por el incumplimiento del contrato, cuando esta acción pudiera ayudar a la autoridad federal a la averiguación que ya realizan. "Lo único que sabemos y leemos en la información es que aún están en el análisis del cumplimiento del contrato; imagínense si a estas alturas todavía están analizando si aplican o no sanciones a la empresa", indicó.
