La ex funcionaria de Monterrey, Karina Barrón, fue vinculada a proceso por los delitos de extorsión y falsedad de declaraciones. Un juez federal ordenó su prisión preventiva, por lo que permanecerá en el Centro de Reinserción Social Femenil. La audiencia judicial duró casi ocho horas. En un comunicado, Barrón expresó su disculpa pública y su disposición a colaborar con la investigación. La administración de Monterrey no respaldó a Barrón, y el alcalde, Adrián de la Garza, decidió delegar el control de los programas sociales a Rafael Ramos.
