Otro elemento de incertidumbre jurídica a la vista. La más reciente polémica en San Luis Potosí, gobernado por Ricardo Gallardo del PVEM, no solo está en que busca dejar a su esposa como sucesora, de lo que ya se hablará, sino en el renacimiento de un parque acuático estatal que se da entre la opacidad y un misterio sobre el manejo de su marca.
En plena Semana Santa, Gallardo Cardona inauguró el Dinoasis Aqua Park en el emblemático parque Tangamanga 1 de la capital potosina, que es en realidad la renovación del viejo Splash, inaugurado en los 90s, pero que decayó y estuvo cerrado por años. Esta administración inició el proyecto de revivirlo.
Desafortunadamente, la realidad es que al día de hoy, se han bloqueado miles de cuentas que se han quedado en ese estado, sin denuncia, sin aseguramiento posterior y son bloqueos como consecuencia de una sospecha sin que exista una defensa y mucho menos la liberación de los recursos. Con esta nueva resolución, para los especialistas prácticamente permitiría que eso pase de manera indiscriminada, porque hoy resulta subjetivo para la UIF, pero no hay un listado de actos o circunstancias que lo permitan y, lejos de que el ciudadano tenga mecanismos de defensa, podría quedarse en el limbo por muchos años, lo que, a decir de empresas, significó una muerte económica.
Con el cambio que dio esta semana la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que lleva Omar Reyes Colmenares pueda bloquear cuentas bancarias sin orden judicial, prende las alertas en temas de certidumbre jurídica. Si bien, el titular de la UIF ha salido a medios a recordar que es una autoridad preventiva, cuyo fin es evitar que recursos de procedencia ilícita ingresen a la economía, lo cierto es que la resolución de la Corte les da un nuevo poder.
Hay que recordar que la Corte eliminó dos importantes frenos que la UIF tenía para bloquear cuentas, en términos de los artículos 115 y 116 de la Ley de Instituciones de Crédito, y es lo que preocupa a los abogados. En ese momento, se trató de una incorporación que obedecía a las recomendaciones del GAFI, que señalan que los países deben contar con herramientas eficaces para impedir que los recursos que pudieran estar siendo lavados o provinieran de dicho delito, siguieran circulando en el sistema financiero.
Pero la entonces SCJN le puso dos frenos importantes a esa facultad. Uno era que se podría usar solo como respuesta a compromisos internacionales claros y por ende solicitudes expresas. El segundo freno es que daba el escudo procesal al ciudadano, ya que permitía que, en la vía del juicio de amparo, el juez incluso ordenara el desbloqueo provisional. Cuando la UIF tiene un dato de un probable delito de lavado de dinero, efectivamente hay la facultad de inmovilizar los recursos, pero que, inmediatamente después, presente la denuncia correspondiente y sea el Ministerio Público quien ordene el aseguramiento.
Este cambio puede ser una sentencia de enormes alcances y afectaciones, sin que medie un juicio donde se permita la acusación, la probanza y la debida defensa. No se sabe el monto de la inversión, el modo en que se otorgó el contrato ni qué empresa lo recibió. Además, la organización ecologista Cambio de Ruta cuestionó el impacto ambiental de la obra por la cantidad de árboles afectados y el uso recreativo del agua en una ciudad con fuertes dificultades de abasto, y descubrió que en el IMPI se tramita el registro de la marca del parque… pero no por el gobierno estatal, sino por un particular radicado en Pátzcuaro, Michoacán.
Lo curioso es que la imagen gráfica registrada en el IMPI es exactamente la misma que usa el parque recién inaugurado, por lo que la coincidencia ha despertado suspicacia sobre la naturaleza del proyecto estatal. Como dato curioso, el promotor del trámite tiene los mismos apellidos que el fundador de una constructora michoacana que recibió en 2024 un contrato millonario de obra del ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, conurbado a la capital, que es cuna y bastión del movimiento político que encabeza Gallardo Cardona.
La mala cara del AICM
Más allá de las remodelaciones en la Terminal 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y de la prohibición de que los autos de aplicación puedan levantar pasaje, el reto es mejorar no solo la seguridad, sino la atención y servicio, ya que el aeropuerto que lleva el almirante Juan José Padilla Olmos, será la cara para millones de turistas. Si atienden, como ahora lo hacen en Semana Santa, seguro ganan por su maltrato incluso a los agentes del ICE.
Además de que el aeropuerto está en obras y no están todos los baños habilitados, todos los vuelos que llegan sin excepción en plena Semana Santa los hacen pasar por una doble revisión de rayos X, así sólo traigan una pequeña maleta. Esto crea un cuello de botella en las bandas, al obligar a todos a que pasen por sus dos únicas máquinas de rayos X y poder salir. Si alguien pregunta si pueden pasar por la línea de no declarar, simplemente lo niegan de mala manera y sin justificación real. Si bien se trata de tener un aeropuerto seguro, esto no debe ir peleado de modales mínimos de educación.
Clausuras a gasolineras
En México, existe el Registro Nacional de Instalaciones de Gasolinas y Gas Licuado de Petróleo (RENAGAS), creado durante la gestión de Armando Ocampo que registró una adhesión superior al 90 por ciento y establecía como uno de sus principales beneficios evitar la clausura inmediata de instalaciones en proceso de regularización, salvo en casos de riesgo inminente. Pero los tiempos cambian y ahora las clausuras están a la orden del día, aún cuando estén en ese proceso.
La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, al mando de Andrea González Hernández, incrementó las visitas de verificación y clausuras a estaciones de servicio, pese a que el programa de regularización RENAGAS contemplaba incentivos para facilitar la regularización del sector. La principal queja, además de las clausuras, es que el retraso en la resolución de trámites y permisos por parte de la propia autoridad impiden que se concluyan los procesos de regularización, lo que ha creado un círculo vicioso. Al incremento de gas y gasolina, ahora sume las clausuras y con eso la oferta se reduce. Por lo pronto, la moneda está en el aire.
Además de las amenidades acuáticas de rigor, se le dotó de una imagen “jurásica”, con animatrónicos de dinosaurios, lo que dio el origen al nombre. Pero, como ya sabemos, la transparencia no es el fuerte de la administración gallardista, y ha mantenido oculto la mayor parte de los contratos de sus obras. El parque acuático no es la excepción. México ha tenido avances importantes en la adopción de diversas regulaciones internacionales para fortalecer el sistema financiero.
