México necesita una regulación inteligente de la inteligencia artificial. Una que proteja sin bloquear, que delimite sin inhibir y que entienda que el problema no está en cómo se entrena la tecnología, sino en cómo se utiliza. Regular el input es cerrar la puerta al desarrollo y uso de la Inteligencia Artificial. La iniciativa del Ejecutivo para reformar la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal del Derecho de Autor parte de un objetivo legítimo: proteger la imagen y la voz de las personas frente al uso de inteligencia artificial. Sin embargo, el problema está en cómo pretende hacerlo. La propuesta establece que cualquier uso de imagen o voz —incluido su uso en sistemas de inteligencia artificial “conocidos o por conocerse”— requerirá autorización expresa. Pero es en el output —en los resultados— en donde se producen los daños relevantes: la suplantación de identidad, la explotación comercial indebida o el uso engañoso de la voz y la imagen. Regular el entrenamiento es intervenir en una fase abstracta, difícil de delimitar y prácticamente imposible de controlar sin generar efectos colaterales graves: incertidumbre, litigiosidad y desincentivos a la innovación. En cambio, regular los resultados permite focalizar la intervención jurídica donde realmente importa: cuando hay un daño concreto, un afectado identificable y una conducta sancionable. La responsabilidad en ese caso no es de la herramienta tecnológica ni de quien la entrenó con datos de diversa naturaleza. Es la persona que hace un mal uso de la tecnología —por ejemplo, utilizando la imagen o la voz de una persona para calumniarla— quien debe ser sancionada. Además, la iniciativa introduce ambigüedades peligrosas —como el alcance del concepto de “publicación”— y puede trasladar responsabilidades a desarrolladores por el uso que terceros hagan de sus herramientas, lo que incluso tensiona compromisos internacionales como los derivados del T-MEC. Ese dato no es menor, sobre todo en un contexto en el que la tendencia regulatoria de los Estados Unidos va en la dirección opuesta. El problema de fondo es conceptual. Esta formulación, lejos de ofrecer certeza, introduce una regulación expansiva que puede terminar inhibiendo el desarrollo tecnológico. No es casual que la American Chamber of Commerce of Mexico (AmCham México), la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI) y la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI) hayan advertido que una redacción tan amplia genera incertidumbre jurídica en entornos digitales dinámicos y puede afectar la innovación. Supongo que la misma preocupación tendrán las grandes empresas y plataformas tecnológicas como Meta o Google. Regular el output es hacerlo donde realmente importa. P.D. El día de ayer en la Facultad de Derecho de la UABC en Tijuana tuvo lugar la primera presentación de mi libro Totalitarismo total.
