En México entró en vigor una reforma constitucional que reduce gradualmente la jornada laboral de 48 a 40 horas. Esta modificación del artículo 135 de la Carta Magna incluye dos días de descanso obligatorio y aumenta las horas extras legalmente permitidas. Sin embargo, el Frente Nacional por las 40 Horas desmiente esta aseveración al argumentar que, para que dicha medida fuera vinculante y efectiva, tendría que haberse estipulado en el texto constitucional. La organización advierte que, en términos estrictamente legales, los empleadores cuentan con mecanismos para mantener las jornadas laborales vigentes. Respecto a las horas extra, el Frente Nacional por las 40 Horas manifestó su escepticismo sobre la aplicación real del límite de 12 horas, debido a la asimetría de poder con los patrones y la falta de supervisión gubernamental. Según datos proporcionados por la propia Secretaría de Trabajo al colectivo, en 2025 hubo únicamente 600 inspectores destinados a supervisar 6 millones de empresas en todo el territorio nacional. La reforma establece que la reducción de la jornada laboral no implicará la disminución de sueldos, salarios o prestaciones. El Congreso de la Unión cuenta con un plazo de 90 días para realizar las adecuaciones a la legislación secundaria. El Frente Nacional por las 40 Horas emitió un posicionamiento en el cual señala que la reforma favorece a los explotadores y que el titular de la Secretaría del Trabajo ha incurrido en verdades a medias. Un análisis de la Universidad Panamericana advirtió de cuatro principales retos para el mercado laboral: el incremento de costos laborales, la necesidad de ampliar la plantilla, la presión por un margen financiero reducido y la reorganización del trabajo con riesgo de intensificación laboral. El Frente también cuestiona que la reforma omitiera incluir el tiempo de traslado en el transporte público como parte de la jornada, considerándolo indispensable para el bienestar real del trabajador.
