México no está experimentando con su política social. Es un método que se ha verificado, con consistencia suficiente para trascender ciclos políticos, su capacidad para reducir pobreza, sostener el consumo interno y estabilizar la base económica de millones de hogares. Durante demasiado tiempo, el debate sobre los programas sociales en México fue rehén de una dicotomía empobrecedora: gasto necesario versus gasto excesivo, red de seguridad versus lastre fiscal. Sin embargo, no son una política compensatoria que únicamente atende rezagos históricos, sino una plataforma habilitante que genera condiciones para que el progreso sea posible. Esa base constituye una forma de infraestructura económica invisible. El país ha consolidado uno de los mecanismos más eficaces que ha construido en generaciones para reducir pobreza y corregir desigualdades de origen que el mercado, por sí solo, nunca corregirá. Incluso la certidumbre más modesta tiene efectos estructurales que van más allá del consumo: permite planear horizontes más largos, reduce la vulnerabilidad ante choques externos y habilita decisiones personales que de otro modo son inviables. No es una transferencia que se agota en el acto de recibirla, sino capacidad económica que se incorpora al sistema y multiplica su efecto a través de redes de intercambio. Frente al ciclo político que se avecina, el riesgo no es la existencia de los programas, sino su debilitamiento progresivo bajo el peso de lecturas que no les reconocen su función real. La discusión correcta no es si México puede permitirse sus programas sociales, sino si puede permitirse no profundizarlos. Interrumpir esta trayectoria no sería un ajuste técnico al gasto, sino un retroceso social medible en indicadores de pobreza y un obstáculo para la consolidación de un modelo económico donde el Estado corrige una de las fallas más persistentes del mercado: la exclusión de origen.
