La Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que permitirá a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) participar en proyectos de infraestructura relacionados con servicios de salud. El dictamen fue avalado durante la madrugada con 423 votos a favor, 37 en contra y ninguna abstención, y se deriva de una iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Esta reforma tiene como objetivo fortalecer la infraestructura sanitaria del país. El Poder Ejecutivo federal tendrá un plazo de 180 días hábiles para realizar las adecuaciones normativas necesarias. Durante el debate, legisladores de distintos grupos parlamentarios mostraron posturas encontradas sobre el alcance y viabilidad de la reforma. La diputada morenista Sandra Patricia Palacios Medina sostuvo que la medida permitirá fortalecer la infraestructura sanitaria del país. “Hoy le respondemos al pueblo, le respondemos la exigencia de una salud digna”, afirmó, al señalar que la participación de la SICT contribuirá a contar con más clínicas, hospitales y unidades médicas mejor equipadas. Por su parte, el diputado panista Gerardo Ponce de León Valdés expresó reservas sobre la iniciativa, al advertir que carece de definiciones operativas claras. Señaló que, aunque su bancada acompaña el dictamen, “no se sabe cómo operará en la realidad, ‘que es donde aparecen las grietas’”, y planteó la necesidad de establecer reglas precisas sobre la participación de la dependencia y la asignación de responsabilidades. El petista José Luis Sánchez González vinculó la reforma con la estrategia de universalización de los servicios de salud, que permitirá a la población atenderse en distintas instituciones públicas. Tras su aprobación en San Lázaro, el documento fue turnado al Senado para su análisis y eventual ratificación. La modificación incorpora una fracción al artículo 36 de dicha ley, con lo que se faculta a la SICT a intervenir -a solicitud de autoridades federales competentes- en la construcción, equipamiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción, sustitución, ampliación y habilitación de obras públicas vinculadas a infraestructura de salud. Estas acciones deberán realizarse en coordinación con los tres órdenes de gobierno. El decreto establece que su implementación no implicará recursos adicionales, ya que las erogaciones se cubrirán con el presupuesto ya aprobado para la SICT. Indicó que este proceso comenzará el 13 de abril en 24 entidades federativas. Sin embargo, el diputado del PRI, Miguel Alonso Reyes, advirtió sobre los riesgos de asignar estas funciones a la SICT, al considerar que no cuenta con especialización en materia de salud. El diputado emecista Miguel Ángel Sánchez Rivera coincidió en la necesidad de ampliar la infraestructura hospitalaria, pero subrayó que no basta con construir instalaciones. “Porque de nada sirve levantar un edificio si no puede dar un servicio”, dijo, al insistir en la importancia del equipamiento adecuado y la coordinación con estados y municipios. Durante la sesión, la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, instruyó que las reservas no presentadas en tribuna se incorporen íntegramente en el Diario de los Debates. A las 3:30 de la madrugada levantó la sesión y citó a la próxima reunión el martes 14 de abril a las 11:00 horas, en modalidad presencial.
