El investigador emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Diego Valadés, afirmó que la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sobre la integración del Congreso incurrió en una interpretación contraria a la Constitución y a la lógica jurídica, al avalar una sobrerrepresentación que excede los límites constitucionales. Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, explicó que el libro “La inconstitucionalidad de la sobrerrepresentación excesiva en el Congreso de la Unión”, publicado por el Instituto y coordinado junto con María Marván Laborde y J. Jesús Orozco Henríquez, surgió como un ejercicio técnico y objetivo frente a esa resolución. Señaló que el propósito fue elaborar “un reporte técnico, lo más imparcial posible, lo más objetivo posible”, en el que también participaron integrantes del observatorio encabezado por el analista Jorge Alcocer. Indicó que los coordinadores del libro buscaron exponer sus argumentos ante el Tribunal Electoral antes de que se resolviera el caso, pero que el órgano jurisdiccional optó por no recibirlos de manera institucional. En ese sentido, afirmó: “No nos han engañado nunca. Nos han dicho, los vamos a atracar y nos han atracado”, y advirtió que ahora se anuncia la posibilidad de repetir ese escenario en el próximo proceso electoral. Valadés añadió que la sobrerrepresentación también ha tenido efectos negativos para el funcionamiento del Congreso. Sin embargo, sostuvo que ese esquema dejó de ser necesario en los hechos, lo que eliminó “un mínimo contrapeso”. Valadés advirtió que este proceso ha debilitado a los partidos políticos y también al propio gobierno. Si bien reconoció que existe legitimidad de origen derivada de las elecciones, afirmó que no ocurre lo mismo con el ejercicio del poder, al considerar que se actúa “de una manera unilateral y arbitraria y sin consenso”, lo que, señaló, en una democracia implica pérdida de legitimidad. A ello sumó una pérdida progresiva de gobernabilidad y una etapa de debilidad institucional. Describió una paradoja en la que el poder político se encuentra altamente concentrado y cuenta con mayoría calificada para impulsar cualquier decisión, mientras que al mismo tiempo se debilita por la falta de legitimidad en su actuación y por el deterioro de la gobernabilidad. A su juicio, la autoridad electoral leyó el precepto “al revés” y lo convirtió en un beneficio adicional, extendido incluso a los partidos aliados. Esa decisión, afirmó, generó un efecto no previsto por la Constitución: la creación simultánea de una supermayoría y de una inframinoría. Recordó que el propio diseño constitucional presupone que las oposiciones cuenten al menos con 30% de la representación, umbral necesario para promover acciones de inconstitucionalidad. En el escenario actual, señaló, “ninguna minoría, ni la suma de todas las minorías, tiene el 30%”, lo que implica que ese mecanismo de control constitucional quedó anulado de facto, al igual que la posibilidad del juicio político. Por esa razón, calificó la resolución como “un atraco a la Constitución” y sostuvo que se trata de una acción abiertamente inconstitucional por parte de la mayoría de los magistrados del Tribunal Electoral. Respecto al papel del Instituto Nacional Electoral (INE), Valadés afirmó que el organismo “preparó todo el escenario para que el Tribunal pudiera tomar esta decisión”. En ese contexto, sostuvo que el Tribunal fue mantenido incompleto de manera deliberada, cuando debía contar con siete magistrados. “Con tres magistrados era suficiente para tomar la decisión que quisieran”, afirmó. El investigador relató que expuso directamente a los magistrados que los recibieron que la interpretación adoptada no solo contravenía la Constitución, sino también el sentido común. Para ilustrarlo, explicó que, bajo esa lógica, mientras más partidos integraran una coalición, mayor sería el porcentaje adicional de sobrerrepresentación otorgado, lo que llevaría a resultados progresivamente más distorsionados. Valadés sostuvo que el núcleo del problema radica en la interpretación del artículo 54 constitucional, particularmente en el límite del 8% de sobrerrepresentación. Subrayó que ese porcentaje no constituye un incentivo, sino un tope: la Constitución establece que ningún partido puede exceder ese margen al sumar sus diputaciones de mayoría relativa y de representación proporcional. No obstante, dijo, se validó a la coalición como si fuera un solo partido para cumplir ese requisito, pero se les trató como partidos separados al momento de asignar las curules. A su juicio, esa doble interpretación del mismo precepto constitucional constituye “un abuso, un exceso, una arbitrariedad y una clarísima inconstitucionalidad”. Valadés señaló que el libro fue objeto de críticas e incluso de insinuaciones para impedir su circulación. Señaló que el debate legislativo se ha vuelto “muy ácido” debido a que la mayoría no requiere negociar y las minorías carecen de capacidad real de influencia, incluso por la vía constitucional. Esto, dijo, ha derivado en descalificación sistemática, escepticismo ciudadano y debilitamiento de las instituciones, así como en la imposibilidad de construir consensos, una característica esencial de las democracias. Frente a afirmaciones sobre la calidad democrática del país, sostuvo que México vive una democracia basada en la concentración del poder y en su ejercicio arbitrario. Al referirse al argumento de que los partidos aliados debían contabilizarse por separado, Valadés afirmó que se trató de una construcción artificial. Advirtió que ese incremento se traduciría necesariamente en una reducción de la representación de millones de ciudadanos que no votaron por esa coalición. Planteó además que este antecedente adquiere relevancia frente a la discusión de una reforma electoral con miras a 2027, en un contexto donde los actores políticos han anunciado abiertamente su intención de conservar la mayoría calificada en el Congreso. Mencionó que este fenómeno también se reproduce en los gobiernos locales, que operan como “mini presidencialismos” y ejercen un poder cada vez más asfixiante. Explicó que el propio artículo 54 exige, para acceder a diputaciones de representación proporcional, que cada partido haya postulado candidatos en al menos 200 distritos de mayoría relativa, requisito que ninguno de los partidos de la coalición cumplió de manera individual. Indicó que, pese a ello, la edición se agotó en 15 días y con ganancias para el Instituto de Investigaciones Jurídicas, y añadió que el impacto fue mayor en su versión digital, pues han sido descargados casi 40 mil ejemplares completos de manera gratuita, al tratarse de una institución pública. “El Tribunal optó por no recibirnos. Solo nos recibieron Janine Otálora y Reyes Rodríguez”, relató.
