La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó 81.6 millones de pesos pendientes de aclarar en los trabajos de la Línea Z del Tren Interoceánico, mismo tramo donde en diciembre pasado se descarriló un ferrocarril provocando la muerte de 14 personas. En la tercera entrega de resultados de la fiscalización a la Cuenta Pública 2024, la ASF evaluó el desempeño financiero y la ejecución de obras por parte de Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V., entidad encargada del proyecto del Corredor Interoceánico. En las obras de rehabilitación en las Líneas FA y K no se presentaron montos pendientes de aclarar, pero sí se detectaron observaciones económicas millonarias en el tramo Z. La Auditoría 118 analizó los trabajos de 'Corrección, Pendiente y Conexión en la Línea Z', que conecta los estados de Veracruz y Oaxaca. La ASF revisó una muestra de 3 mil 510 millones de pesos de un universo seleccionado de 5 mil 315 millones 400 mil pesos. Como resultado de esta inspección, se determinó un monto por aclarar de 81 millones 634 mil 100 pesos. Durante el proceso de auditoría, la entidad fiscalizada logró recuperar únicamente 2.9 millones de pesos. Durante la mañana del domingo 28 de diciembre de 2025, se descarriló la máquina principal del Tren Interoceánico de la línea Z que circulaba del puerto de Salina Cruz, Oaxaca, al puerto de Coatzacoalcos, Veracruz. El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro Z-230+290 entre los poblados de Chivela y Nizanda y tuvo como saldo 14 personas muertas y más de 250 heridas. A finales de enero, la Fiscalía General de la República informó que la tragedia se registró por la conducción del tren a exceso de velocidad, ya que al momento del accidente el maquinista circulaba a 65 kilómetros por hora cuando el máximo permitido era de 50 km/h. En un mensaje a medios, Godoy Ramos agregó que tras las primeras investigaciones, la FGR decidió ejercer acción penal por los delitos de homicidio y lesiones culposas en contra del personal que estaba a cargo del tren. Así, el despachador del Tren Interoceánico, Ricardo Mendoza Cerón, fue detenido durante la mañana del martes 27 de enero, mientras que el conductor, Felipe de Jesús, fue aprehendido el día 26. Sin embargo, víctimas del descarrilamiento acusaron este martes falta de transparencia, omisiones y obstáculos procesales en la investigación. En conferencia de prensa en Ciudad de México, Juan Manuel Iglesias López, sobreviviente del siniestro, hizo un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum para que se garantice 'justicia y transparencia' en el caso. El contador afirmó que no habla en representación de posturas políticas, sino como esposo, padre y afectado. 'Soy la víctima que una vez más pide a gritos justicia', expresó Iglesias López, quien viajaba en el primer vagón del tren que se descarriló y cayó al precipicio. La defensa legal denunció que la Fiscalía General de la República no les ha reconocido la calidad de víctimas, lo que les ha impedido acceder a la carpeta de investigación. Según su abogado, Adrián Arellano, han presentado más de 20 escritos ante distintas autoridades y solo han recibido respuesta de dos de ellas. Los denunciantes también señalaron que de más de 250 personas lesionadas solo ocho han sido llamadas por las autoridades para reconocer formalmente su calidad de víctimas. Cuestionaron que la investigación se haya centrado en el presunto 'exceso de velocidad' del tren sin agotar otras líneas como fallas en contratos, mantenimiento o construcción de la vía. Iglesias López afirmó además que la Comisión de Atención a Víctimas le ofreció un acuerdo de indemnización 'condicionado' a firmar documentos sin la revisión de sus abogados, lo que calificó como 'inaceptable'. Tras la conferencia, Iglesias López y su defensa acudieron a las instalaciones de la FGR para intentar ser recibidos 'como cualquier víctima', y advirtieron que, de ser necesario, llevarán el caso 'hasta las instancias que se tengan que llegar', incluida la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
