El Partido Acción Nacional (PAN) manifestó su respaldo al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cancelara el último amparo que impedía la ejecución de la orden de aprehensión en su contra por delincuencia organizada. En un comunicado oficial, el PAN sostuvo que el caso ya había sido resuelto con anterioridad y cuestionó la reapertura del expediente. “El caso por el que se acusa a Francisco Javier García Cabeza de Vaca ya había sido resuelto en su totalidad”, señaló el partido, y añadió que “la reapertura y reactivación de este tema carece de sustento jurídico”. El martes 24 de febrero, las cinco ministras y los cuatro ministros del máximo tribunal votaron por unanimidad el proyecto relacionado con el amparo en revisión 435/2025, lo que permite a la Fiscalía General de la República (FGR) ejecutar la orden de aprehensión contra el político panista. La FGR abrió en enero de 2021 una carpeta de investigación contra García Cabeza de Vaca por presuntos delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal. Mientras ocupaba el cargo de gobernador, el político contaba con fuero constitucional y promovió recursos legales para frenar la acción penal. Tras concluir su mandato en 2022, se obtuvo una nueva orden de aprehensión por los dos primeros delitos señalados. Desde finales de septiembre de 2022, el exmandatario reside en Estados Unidos. En un mensaje difundido tras la resolución de la SCJN, el político tamaulipeco aseguró que continuará su defensa jurídica y vinculó el proceso en su contra con denuncias que realizó en 2019 sobre presuntas redes de huachicol fiscal. “La red de corrupción y el desfalco más grande en la historia de México se orquestó desde Palacio Nacional”, afirmó. En su comunicado del jueves, Acción Nacional sostuvo que el caso constituye una represalia política. Es evidente que estamos frente a una persecución política. El PAN reiteró que continuará denunciando lo que considera un uso indebido de las instituciones contra opositores, mientras la FGR mantiene vigente la orden judicial autorizada por el Poder Judicial.
