Como detalló LPO, los presuntos nexos entre el senador y el grupo criminal La Barredora mientras era gobernador de Tabasco ponen en riesgo la candidatura de Andrea Chávez en Chihuahua y lo mismo podría suceder en el futuro de Nayarit. A la espera de las definiciones electorales que tomará el oficialismo para el 2027, dos cuestiones empiezan a parecer claras para la 4T. La primera es que el oficialismo estará atento a los presuntos nexos o las denuncias que podrían existir entre sus diferentes perfiles y el crimen organizado. La segunda es que las candidaturas deberán recibir, además del visto bueno de la dirigencia, el aprobado de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien no está dispuesta a entregar el armado político, electoral y territorial del oficialismo. En el Palacio Nacional están muy atentos a los nexos de figuras de la 4T con el crimen organizado ante las presiones que ejerce Washington.
