Hoy, quienes poseen concesiones de agua deben regularizar su situación o enfrentar sanciones que incluyen la cancelación de sus títulos. Gracias al nuevo marco legal, la recaudación se ha incrementado en 3 mil 500 millones de pesos (2025), y se espera duplicar esa cifra este año. Las metas fueron poner fin a los privilegios y dejar de tratar el agua como una mercancía. En diciembre del año pasado, tras una sesión de 24 horas, se aprobó una nueva Ley General de Aguas y reformas al ordenamiento de Aguas Nacionales. En la Cámara de Diputados, la oposición votó en contra. Se descubrió que pozos destinados supuestamente a la agricultura se usaban para vender agua en pipas o para inmobiliarias, mientras los vecinos carecían de agua. Estos abusos eran posibles porque la ley anterior permitía transferir títulos sin reportarlo a la Conagua. El nuevo marco ha fortalecido las inspecciones, resultando en más de mil clausuras por uso ilegal de concesiones. Según datos oficiales, se han identificado adeudos de empresas por casi 12 mil millones de pesos. Empresas poderosas, como una refresquera, solían no tener medidores o incumplir pagos. También se eliminaron los cambios de uso para evitar lucrar con concesiones agrícolas. El nuevo marco jurídico dotó a la autoridad de mayores facultades para combatir abusos. En Zacatecas, se detectaron siete títulos transferidos ilegalmente de agrícola a industrial o de consumo humano. Tras su aprobación en el Senado, se ha iniciado una nueva etapa que deja atrás las ilegalidades del régimen anterior. En su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum ejemplificó los abusos, como concesiones para agricultura que en realidad se usaban para negocio, dejando sin agua a la población. En Mexicali, el gobierno municipal pagaba 200 millones de pesos anuales a un distrito privado que ya no sembraba. Con la nueva ley, esos derechos pasaron a los municipios de Baja California, que habían pagado más de 500 millones a particulares por agua agrícola. Una de las medidas clave fue eliminar las transmisiones entre particulares para acabar con el mercado negro del agua, donde un concesionario llegó a ganar 54 millones de pesos. Las reformas aprobadas en el Congreso prohíben transmitir derechos amparados por concesiones, priorizando el derecho humano al agua sobre el sistema de privilegios heredado del neoliberalismo. Antes, se otorgaban concesiones a personas que no las usaban, pero las podían vender a quienes sí necesitaban el agua. Durante el debate, un diputado del PRI votó en contra, pero se descubrió que su familia ostenta cinco títulos en Querétaro. ¿Es eso ilegal? La nueva ley se está aplicando para beneficio de todos los ciudadanos.
