Diversas organizaciones de derechos humanos y colectivos de búsqueda (como Fundar, Data Cívica, Centro Prodh, Cepad, entre otros) manifestaron su profunda preocupación y rechazo tras la presentación de las cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO). Las organizaciones acusan que la estrategia del gobierno representa una decisión política que invisibiliza a las víctimas y minimiza la magnitud de la tragedia al intentar reducirla a una simple gestión de archivos ministeriales. Centro Prodh escribió: “… la premisa inicial de que no se cometen desapariciones forzadas o que la mayoría de las desapariciones están relacionadas con ausencias voluntarias, minimiza la responsabilidad del Estado, contrario a lo que han destacado previamente organismos internacionales. Acotar a 43,128 el número de personas desaparecidas minimiza la dimensión de una crisis que tiene rostro y que no se resuelve con búsquedas administrativas en registros públicos”. La postura conjunta de organizaciones como Fundar, Data Cívica, Cepad, Elemental, Ibero e IMDHD apunta que “sugerir que la apertura de una carpeta de investigación es indispensable para realizar acciones de búsquedas, merma el derecho de todas las personas a ser buscadas”. Las organizaciones critican que se presente como novedad la “obligatoriedad” de abrir carpetas de investigación, aclarando que esto es un deber legal desde 2017. Subrayan que en un país donde la cifra negra de delitos no denunciados es del 93%, condicionar el reconocimiento de un desaparecido a una carpeta de investigación distorsiona la realidad y premia la ineficiencia, corrupción y omisión de las fiscalías. Minimización de las cifras de desaparecidos Las organizaciones rechazan el intento de acotar el número de personas desaparecidas a 43 mil 128, recordando que el registro histórico reporta más de 132 mil desapariciones, cifra lograda por la lucha de las familias. También expresaron alarma de que no se anuncien acciones de búsqueda para los más de 46 mil registros clasificados como de “datos insuficientes”, dejando la carga nuevamente a las familias. Las organizaciones rechazan el discurso oficial que afirma que ya no existen desapariciones forzadas y que el fenómeno es exclusivo del crimen organizado. Advierten que esto borra la responsabilidad del Estado, ya sea por participación directa, aquiescencia, omisión o por perpetuar una impunidad del 99.9%. La postura firmada por 10 organizaciones cuestiona la afirmación gubernamental de que el 96% de las personas localizadas no fueron víctimas de delitos, señalando una total falta de claridad metodológica. Además, recordaron que los hallazgos con vida en las primeras horas suelen ser resultado de la movilización de las familias y sus redes, no del Estado. Organizaciones civiles acusan al gobierno de minimizar la crisis de desapariciones.
