La violencia sexual en el transporte público y privado podría enfrentar sanciones más severas en México, luego de que la diputada Maribel Martínez Ruiz (PT) impulsara una iniciativa para reformar la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial y el Código Penal Federal. La propuesta plantea tipificar como infracción administrativa grave cualquier acto de acoso, hostigamiento, abuso o violencia sexual cometido por conductores durante la prestación del servicio, así como endurecer las consecuencias legales para quienes incurran en estas conductas. Los conductores responsables enfrentarían la cancelación definitiva de su licencia, la revocación de concesiones o permisos, así como la inhabilitación permanente para prestar servicios de transporte, sin perjuicio de las sanciones penales correspondientes. Además, contempla que cuando la víctima sea una niña o adolescente, las sanciones deberán aplicarse con el máximo rigor, bajo el principio del interés superior de la niñez. La iniciativa también propone modificar el Código Penal Federal para aumentar hasta en una mitad las penas por abuso sexual y violación cuando estos delitos sean cometidos por conductores de transporte público o por aplicación. En paralelo, establece nuevas obligaciones para concesionarios, empresas y plataformas digitales, entre ellas: brindar auxilio inmediato a víctimas, contar con protocolos de emergencia y denuncia, suspender de forma inmediata al conductor denunciado e implementar capacitación obligatoria en derechos humanos y perspectiva de género. El incumplimiento de estas medidas podría derivar en multas, suspensión o cancelación de concesiones. La iniciativa advierte que la violencia sexual en el transporte no solo vulnera derechos individuales, sino que afecta directamente el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad. Datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública señalan que en 2025 se registraron más de 61 mil delitos sexuales en México, incluidos miles de casos de acoso, aunque existe un subregistro importante. A nivel urbano, estudios citados en la propuesta indican que más del 60% de las mujeres en la Zona Metropolitana del Valle de México han experimentado acoso o violencia sexual en el transporte, lo que impacta su libertad de movimiento y su participación en actividades económicas y sociales. Hacia un marco más estricto El proyecto, turnado a comisiones en la Cámara de Diputados, busca construir un marco normativo más sólido que combine sanciones administrativas y penales con obligaciones claras para empresas y autoridades. De avanzar, la reforma representaría un cambio en la forma en que se regula la seguridad en el transporte, en un contexto donde la demanda social por espacios seguros continúa en aumento.
