La Organización de las Naciones Unidas y el Gobierno de México enfrentan un desacuerdo sobre las desapariciones forzadas. El Comité de la ONU sobre Desapariciones Forzadas ha determinado que la situación en México cumple con los criterios del artículo 34 de la Convención Internacional, lo que podría llevar el asunto a la Asamblea General de la ONU. El Comité sostiene que las desapariciones son sistemáticas, perpetradas por servidores públicos y en connivencia con organizaciones criminales. En respuesta, el Gobierno de México rechazó la decisión del Comité, calificándola de tendenciosa y argumentando que no tomó en cuenta las recientes reformas y esfuerzos del país. En su decisión, el Comité señala la insuficiencia de las medidas de México, citando el bajo porcentaje de casos judicializados y la alarmante cifra de restos humanos sin identificar. El Comité ha llamado a la cooperación internacional, a la asistencia técnica y financiera para las investigaciones y a la creación de un mecanismo para esclarecer la verdad y apoyar a las familias de las víctimas. Las autoridades mexicanas, por su parte, afirman que su respuesta es de corte político y no está a la altura de los argumentos jurídicos presentados por la ONU.
