El Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas (CED) respondió a las críticas del Gobierno mexicano y de actores políticos tras su reciente informe sobre la situación de las desapariciones en el país. A través de su presidente, Juan Pablo Albán, el organismo defendió la legalidad de su actuación y pidió preservar el respeto institucional, subrayando que su objetivo es fortalecer la cooperación internacional en favor de las víctimas. Comité defiende el alcance del informe En un posicionamiento público, Albán explicó que los órganos de tratados 'sí forman parte del Sistema de las Naciones Unidas' y que su función es supervisar el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por los Estados. Añadió que los integrantes del Comité son elegidos por los propios países y actúan con independencia. Respecto al procedimiento aplicado, señaló que el artículo 34 de la Convención permite llevar el tema ante la Asamblea General cuando existen 'indicios bien fundados' de desapariciones forzadas generalizadas o sistemáticas. 'Nuestra decisión no es una remisión o informe dirigido al ACNUDH, sino al máximo órgano deliberante de la ONU', precisó. También rechazó que el análisis se limite a administraciones pasadas, al afirmar que evalúa la evolución del fenómeno hasta la actualidad. En este contexto, el Comité reiteró que su procedimiento tiene carácter preventivo. Citó datos que reflejan más de 132 mil personas desaparecidas registradas y un aumento constante, así como cerca de 72 mil restos humanos sin identificar en 2026. Llama a evitar descalificaciones El presidente del CED sostuvo que 'el desacuerdo es legítimo, pero la descalificación es cuestionable', en referencia a las críticas del Gobierno mexicano, que calificó el informe como parcial y sesgado. Asimismo, insistió en que el objetivo central debe ser 'fortalecer la prevención, la búsqueda y la investigación' de los casos.
