La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, está cerca de que el escándalo por sus presuntos lazos familiares con el crimen organizado la alcance. La investigación contra su exesposo, Carlos Torres Torres, sigue su curso, y se señala que recibía 500 mil dólares mensuales de cárteles para operar sin problema en el estado. A pesar del divorcio del año pasado, que ocurrió después de la cancelación de sus visas de Estados Unidos, Ávila no está a salvo de las consecuencias. El caso contra su exesposo permitirá saber si la gobernadora dijo la verdad o mintió, y podría tener que explicar cómo no se dio cuenta de los grandes ingresos que recibía. Las autoridades estadounidenses informaron a México de los avances del caso y pidieron que se actuara. Aunque en México no hay una investigación oficial contra Ávila, ella permanece en el centro de la turbulencia político-jurídica, esperando que el caso se desvanezca.
