La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pueda bloquear cuentas bancarias sin autorización judicial, una decisión que, de acuerdo con José Mario de la Garza, presidente de la organización civil Perteneces, amplía de forma significativa las facultades del Ejecutivo y tiene efectos directos sobre los ciudadanos. Durante una entrevista, De la Garza explicó que esta resolución no se limita a casos de delincuencia organizada o grandes corporaciones. "A mí mañana la UIF me puede bloquear todas mis cuentas bancarias, puedo quedar sin la posibilidad de retirar un solo peso", detalló. El abogó subrayó que un juicio de amparo puede tardar entre uno y dos años, periodo durante el cual el dinero permanecería congelado, afectando la capacidad de las personas para cubrir gastos básicos. "Como la facultad es tan discrecional y es tan abierta, que no tiene candados, que no tiene límites, basta con que la UIF diga [...] que es sospechosa [...] entonces, por favor, congélele su dinero", señaló, al plantear posibles afectaciones a periodistas, organizaciones civiles o personas críticas del gobierno. De la Garza explicó que en otros países el bloqueo de cuentas requiere control judicial previo, "el estándar internacional es acudir ante un juez", quien evalúa las pruebas y garantiza el derecho de audiencia. Sin embargo, indicó que la Corte decidió apartarse de esos precedentes. También advirtió que cuando una cuenta sea bloqueada, el afectado ya no podrá obtener una suspensión judicial que le permita disponer de sus recursos mientras se resuelve el caso, dejando al ciudadano "totalmente vulnerable". El especialista recordó que anteriormente existían criterios jurisprudenciales que acotaban estas facultades y que "recibir dinero en una cuenta bancaria que pudiera parecer sospechoso no constituye por sí solo una operación de lavado de dinero". Respecto al debate en la Corte, De la Garza criticó la presencia de posturas ideológicas y vinculó la decisión con el debilitamiento de la institución judicial.
