El constitucionalismo mexicano ha caído muy bajo. Lo peor del caso es que, terminada la reciente pausa de Semana Santa, la Cámara de Diputados se ha apresurado a aprobar —en maratónica sesión iniciada el miércoles— la minuta recibida del Senado. Para concluir el proceso de aprobación de toda enmienda constitucional, la fase final corresponde a las legislaturas estatales, pues debe ser ratificada por al menos 17 de ellas. El caso más vergonzoso fue el de Tabasco, que esperó hasta la madrugada del jueves para llevar a cabo la faena (la farsa). Seguramente no veremos una sola de las 32 legislaturas locales que analice con seriedad esta reforma que directamente les afecta. Cabe aclarar que dicha exposición solo incluye tres líneas que francamente nada dicen. Y el colmo: el dictamen legislativo del Senado tampoco explica ni justifica ni argumenta tal reforma, pues lo único que hace es transcribir literalmente las tres líneas bobas incluidas en la iniciativa. Entre otras reformas, se establece: “Las Constituciones estatales deberán establecer que el presupuesto anual de las legislaturas locales no exceda del cero punto setenta por ciento del presupuesto de egresos de la entidad federativa correspondiente”. ¿A quién se le habrá ocurrido esa propuesta, cuáles fueron las razones y por qué incluirla precisamente en la Carta Magna? No obstante, es decir, que lo verdaderamente importante del plan B fue desechado, se continuó con el proceso legislativo para disimular el fracaso. Su irresponsabilidad, exhibición y docilidad han sido mayúsculas. Lamentable que estos órganos legislativos estatales continúen siendo simples camarillas de confabulación a las órdenes del gobernante en turno y ahora, además, directamente al servicio del gobierno central. En todo caso, ¿por qué en la exposición de motivos de la iniciativa no se argumenta la pertinencia de esta reforma? ¿En qué bases técnicas se sustenta? ¿De dónde se sacaría la cifra de 0.70 por ciento?
