Rafael Zaga Tawil, empresario, fue detenido por autoridades migratorias de Estados Unidos en Florida y trasladado a un centro de detención en el condado de Glades. Se le considera fugitivo de la justicia mexicana desde 2020 y enfrenta acusaciones por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La detención ocurrió por irregularidades en su estatus migratorio en Estados Unidos. Se le acusa de un presunto fraude de 5 mil millones de pesos contra el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). El origen de las acusaciones contra Rafael Zaga Tawil se remonta a 2014, cuando el Infonavit firmó contratos con la empresa Telra Realty, vinculada al empresario mexicano. A pesar de que los servicios no se concretaron, el Infonavit autorizó una indemnización cercana a 5 mil millones de pesos a la empresa. Las autoridades federales aseguraron que ese pago no tenía sustento legal y que forma parte del núcleo del fraude. Entre los implicados se encuentra Teófilo Zaga Tawil, hermano del empresario, quien fue detenido previamente. El esquema investigado se estructura en varias etapas: la firma de contratos públicos, su cancelación anticipada, el pago de una indemnización millonaria y la posible dispersión de los recursos mediante mecanismos financieros. Las indagatorias apuntan a que el dinero público terminó en circuitos privados sin justificación, lo que derivó en acusaciones por lavado de dinero y delincuencia organizada. En el caso también aparecen otros implicados. Posteriormente, el proceso enfrentó obstáculos legales derivados de amparos que suspendieron temporalmente las acciones penales. A pesar de ello, las autoridades judiciales en México reactivan el caso y mantienen vigentes las acusaciones contra Zaga Tawil, lo que permite que, tras su localización en Estados Unidos, se concrete su detención. Asimismo, exfuncionarios del Infonavit, como Omar Cedillo Villavicencio y Alejandro Gabriel Cerda Erdmann, fueron señalados por su participación en la autorización de los pagos. Las autoridades consideran que existió una estructura coordinada para validar la indemnización y permitir la salida de recursos del instituto. En el caso de Omar Cedillo Villavicencio y Alejandro Cerda, ambos fueron detenidos en 2021 por su presunta participación en el esquema, al haber firmado el convenio de terminación anticipada que derivó en el pago millonario. Posteriormente, obtuvieron su libertad tras acuerdos legales, pero en 2024 un juez volvió a girar órdenes de aprehensión en su contra, al considerar que formaban parte de una organización para desfalcar al Infonavit. En 2020 se giraron las primeras órdenes de aprehensión contra Rafael Zaga Tawil, lo que lo colocó en condición de prófugo. El proyecto contemplaba el desarrollo de una plataforma para la movilidad hipotecaria y la administración de créditos de vivienda. En 2017, el instituto canceló los contratos luego de determinar que el proyecto no cumplía con las condiciones necesarias para operar ni ofrecía resultados claros en la gestión de créditos.
