En México estalló un escándalo relacionado con sentencias judiciales que plantean dudas sobre el Estado de derecho. El juez federal Alfredo Montes de Oca en Toluca revivió medidas suspendidas y ordenó al exesposo pagar 100 millones de pesos mensuales, y a 59 empresas, de las que no es socio hace años, la misma cantidad de forma retroactiva por seis meses. Esta situación se complica con una reforma anterior que prohibió los amparos contra reformas constitucionales, lo que básicamente predeterminó el final de este caso. En otro caso, un juez local en Chihuahua, en sus últimos días de funciones, abrió un asunto de alimentos basado en un divorcio de 1959 y ordenó pagar a una mujer de 96 años 100 millones de pesos mensuales, asegurando su propia jubilación ilegal. Estas sentencias han causado indignación pública y ponen en duda la independencia del poder judicial.
