La todavía vigente aceptación del gobierno de Morena está directamente ligada al asistencialismo social, no a sus acciones. Esto plantea un grave problema: los recursos públicos para sostener esta política se han agotado y el endeudamiento ha llegado a su límite. Esta situación pone en riesgo al partido en las próximas elecciones, donde podría perder el control de la agenda legislativa y el gobierno en muchos estados. El país necesita los recursos que Morena distribuye, lo que exige recaudación o, mejor aún, inversión productiva. Es relevante el anuncio de la presidenta sobre su reunión con el director de BlackRock para discutir futuras inversiones. Sin embargo, en México no se respeta plenamente el Estado de derecho, lo que aleja a los inversionistas. La narrativa de justicia social del morenismo, contradicha por sus hechos, repele a empresas serias. La clave es la seguridad jurídica, como demuestran iniciativas constitucionales controvertidas: la propuesta de eliminar el principio de 'cosa juzgada' y la reforma de pensiones que viola la irretroactividad de la ley, generando inconformidad generalizada.
