El mensaje del informe es tan claro como contundente: sin justicia no hay democracia, y sin independencia judicial no puede haber justicia. Es necesario aprender de esta primera experiencia para construir un modelo electoral judicial que fortalezca, en lugar de vulnerar, la imparcialidad y la confianza pública en quienes tienen la responsabilidad de garantizar los derechos de las personas. Las reglas vigentes durante la primera elección fueron insuficientes para impedir la participación de actores políticos con vínculos directos con personas candidatas. El documento constituye un ejercicio independiente y profundamente documentado que, lejos de limitarse a registrar lo ocurrido, formula un conjunto de recomendaciones orientadas a mitigar los riesgos de cooptación de los cargos judiciales por intereses políticos, partidistas, económicos e incluso criminales. Las recomendaciones parten de un diagnóstico puntual: el proceso de selección de candidaturas careció de estándares uniformes, de mecanismos efectivos de transparencia y de filtros técnicos que aseguraran la idoneidad de quienes aspiraban a ocupar la judicatura. Se propone, entre otras medidas, estandarizar a nivel nacional los criterios mínimos de mérito, experiencia y evaluación técnica independiente, así como garantizar la plena publicidad de cada etapa del procedimiento. Solo así se puede transitar de un modelo donde la simpatía política sustituye al mérito, hacia uno donde la calidad profesional sea el criterio rector. La participación ciudadana, piedra angular de toda democracia, también ocupa un lugar destacado entre las propuestas. La magnitud de la llamada reforma judicial colocó a México en un territorio inexplorado; ninguna otra nación había llevado tan lejos el principio del voto como mecanismo de integración de sus órganos jurisdiccionales.
