Víctimas y sobrevivientes de la Iglesia de la Luz del Mundo denunciaron un “carpetazo” por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), que determinó no encuadrar como trata de personas las conductas investigadas desde 2019 y decidieron impugnar la decisión. Según Sóchil Martin, Sharim Guzmán y el videomensaje de Ada Camarena, la Fiscalía concluyó que los hechos denunciados no encajan jurídicamente en el tipo penal de trata de personas y delincuencia organizada. Las víctimas sostienen que esta resolución no fue comunicada de manera pública, sino conocida al revisar el expediente, lo que motivó su impugnación ante el Poder Judicial. Las denunciantes afirman que la investigación se inició con testimonios de personas que salieron de la organización, quienes relataron esquemas de control interno, coerción, manipulación psicológica, abuso sexual y explotación, especialmente de menores y jóvenes. Señalan que estos testimonios fueron clave durante años en el análisis ministerial. Las víctimas consideran relevante que la decisión se conociera semanas después de la llegada de Ernestina Godoya al frente de la FGR, en un contexto de cambio de conducción. Ada Camarena cuestionó la contradicción en la determinación fiscal: la Fiscalía dice que no hay delito, pero describe conductas que podrían serlo. Aseguró que esta interpretación deja sin continuidad la investigación por delincuencia organizada y trata de personas. Sóchil Martin y Sharim Guzmán afirmaron que sus testimonios fueron fundamentales para documentar el funcionamiento interno de la iglesia y que se usaron como referencia en procesos judiciales en EE.UU. contra Naasón Joaquín García, condenado a 16 años y 8 meses por abuso sexual a menores. En su denuncia en México, expusieron una red de presunta trata, explotación sexual y pornografía infantil que, según su comunicado, “sigue operando en México de manera impune” y es investigada en Nueva York por delincuencia organizada. Las víctimas insisten en que los hechos no son aislados, sino parte de una estructura sistemática de explotación que incluiría lavado de dinero y protección de actores externos. Acusan a la Fiscalía de querer cerrar el caso para mantener en la impunidad a los líderes de LLDM y permitir que sigan operando. Entre los señalados, mencionan a figuras políticas y religiosas como el exsenador Israel Zamora, los obispos Rogelio Zamora Barradas y Nicolás Menchaca, y los exfuncionarios Emmanuel Reyes Carmona y Hamlet García Almaguer. También recordaron que en 2020 la UIF bloqueó seis cuentas de la organización por más de 300 millones de pesos por presunto lavado de dinero. Señalaron que en 2025 fueron detenidas 38 personas en Michoacán, identificadas como una guardia interna de la iglesia llamada “Yaser”, que operaba en zona del CJNG y habría recibido entrenamiento paramilitar. Pese a estos elementos, la Fiscalía decidió cerrar la investigación, lo que derivó en la impugnación. El caso será revisado por un juez federal el 16 de abril de 2026, quien determinará si se mantiene la resolución o se reabre el expediente para continuar la investigación. Las víctimas consideran esta etapa clave, ya que revisa una determinación que, según ellas, dejó sin análisis integral múltiples elementos probatorios.
