La escalada del conflicto debilitó rápidamente a su grupo. En mayo de 2017, Dámaso López Núñez fue detenido en la Ciudad de México; su captura marcó el colapso del clan y dos meses después, en julio de ese mismo año, se entregó voluntariamente a autoridades estadounidenses. Tenía alrededor de 30 años cuando cruzó la frontera para ponerse a disposición de la Administración para el Control de Drogas (DEA). La entrega fue parte de una negociación judicial. En Estados Unidos, López Serrano aceptó su responsabilidad en delitos relacionados con la conspiración para distribuir drogas y se convirtió en testigo colaborador. Durante el proceso aportó información sobre la estructura interna del Cártel de Sinaloa, sus métodos de operación y las disputas posteriores a la caída de Guzmán Loera; esa cooperación le permitió obtener beneficios procesales. En 2018, un juez federal lo sentenció a una pena reducida de seis años de prisión y el acuerdo reflejó el valor que las autoridades estadounidenses otorgaron a su testimonio, pero también dejó abierta una discusión recurrente sobre los alcances y límites de la figura del colaborador en casos de crimen organizado transnacional. Mientras López Serrano enfrentaba su proceso en Estados Unidos, en México se cometió uno de los asesinatos más emblemáticos contra la prensa. El 15 de mayo de 2017 fue asesinado en Culiacán el periodista Javier Valdez, fundador del semanario Ríodoce y corresponsal de La Jornada; el crimen generó una condena nacional e internacional y colocó el foco sobre la violencia contra periodistas en el país. Con el avance de las investigaciones, autoridades mexicanas detuvieron y sentenciaron a los autores materiales del asesinato. Años después, la Fiscalía General de la República señaló a Dámaso López Serrano como presunto autor intelectual del crimen, en el contexto de la disputa interna del Cártel de Sinaloa. López Serrano ha negado esa acusación, pero el señalamiento se mantiene como uno de los pendientes más delicados para la justicia mexicana. Tras cumplir parte de su condena en Estados Unidos, López Serrano recuperó su libertad bajo un régimen de supervisión judicial; las condiciones incluían reportes periódicos y la prohibición de involucrarse en cualquier actividad ilícita. Para las autoridades, ese periodo representaba el cierre de su etapa criminal activa. Sin embargo, mientras se encontraba bajo libertad supervisada, López Serrano fue acusado por autoridades estadounidenses de intentar traficar fentanilo, una droga sintética asociada con la actual crisis de sobredosis en Estados Unidos. La acusación implicó no solo un nuevo delito, sino el incumplimiento directo de las condiciones impuestas por la corte. El 5 de febrero de 2026, un juez federal en Alexandria, Virginia, dictó sentencia y lo condenó a cinco años de prisión; la resolución subrayó la reincidencia y cerró, al menos de forma temporal, el capítulo de su colaboración judicial. Al mismo tiempo, el gobierno mexicano ha reiterado que mantiene vigente una solicitud de extradición para que López Serrano enfrente los cargos pendientes en el país. Hasta ahora, el proceso sigue sin una fecha definida y depende de que concluya su nueva condena en Estados Unidos. Lejos de cerrarse, el expediente de Dámaso López Serrano sigue activo, cada nueva resolución judicial vuelve a colocar su nombre en el centro del debate y confirma que, en el Cártel de Sinaloa, los relevos generacionales no significan necesariamente rupturas, sino continuidades marcadas por el poder, la violencia y la impunidad.
