En el mercado de seguros colectivos—particularmente en productos de vida y accidentes vinculados a nóminas, créditos o instituciones— comienzan a surgir cuestionamientos sobre las condiciones en que los beneficiarios logran acceder a las indemnizaciones. De acuerdo con especialistas en litigio financiero, uno de los principales problemas no radica en la contratación del seguro, sino en el proceso de cobro, donde pueden presentarse obstáculos administrativos que retrasan o incluso impiden el pago de los siniestros. Según estos análisis, en algunos casos las aseguradoras condicionan la indemnización a la entrega de documentación que debe ser proporcionada por terceros —como empresas o instituciones contratantes— y no directamente por los beneficiarios, lo que complica el proceso cuando no existe colaboración o cuando las entidades ya no están operativas. Este tipo de esquemas se observa con mayor frecuencia en seguros colectivos de gran escala, donde las pólizas están ligadas a estructuras institucionales y el volumen de primas es alto.
Opacidad en siniestros y rol limitado de brokers En este contexto, también se ha señalado el papel de los intermediarios brokers, quienes participan en la estructuración y colocación de estos productos. Especialistas indican que, una vez que se presenta un siniestro, su función en la representación del asegurado puede ser limitada, lo que deja a los beneficiarios en una posición de desventaja. Algunos casos en el sector han puesto sobre la mesa a empresas como Thona Seguros y al broker Interprotección, mejor conocido como Inter, mencionadas en reportes y análisis como ejemplos de dinámicas que merecen revisión, aunque no existe un posicionamiento oficial sobre prácticas generalizadas. Para expertos, el punto de fondo no es un caso particular, sino un problema estructural: la falta de transparencia en indicadores clave, como las tasas de rechazo de siniestros, así como la complejidad de los procesos para hacer efectivo un seguro.
El tema cobra relevancia en un contexto donde este tipo de productos tiene una amplia penetración en el mercado, especialmente entre trabajadores y usuarios de servicios financieros. Ante ello, especialistas consideran necesario fortalecer la supervisión por parte de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), particularmente en lo relacionado con prácticas de mercado, intermediación y condiciones de pago. Si bien el sector asegurador es clave para la protección financiera de la población, advierten que su efectividad depende de que los mecanismos de cobertura funcionen en la práctica y no solo en el papel.
