La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó a un grupo de 65 personas juzgadoras que el Estado mexicano ha sido formalmente emplazado para responder en un plazo máximo de cuatro meses a la petición presentada por jueces, juezas, magistrados y magistradas en contra de la reforma judicial. En un oficio fechado el pasado 19 de marzo, la CIDH señala que también analiza resolver la admisibilidad y el fondo del asunto en un mismo laudo, lo que implica que ese organismo analice la posibilidad de dar al caso un tratamiento grave y urgente, debido al atraso procesal y a las graves afectaciones denunciadas por los juzgadores mexicanos. Según la resolución 1/16 de la CIDH sobre medidas cautelares, resolver en un mismo fallo la admisibilidad y el fondo es procedente cuando las violaciones a los derechos humanos que se denuncian son graves y la respuesta a las peticiones tiene el carácter de urgente. Una razón adicional para que el caso se resuelva de fondo en un fallo conjunto es permitir que este no sea imposible de aplicar en el país denunciado y para que las autoridades señaladas revisen sus determinaciones previas. La posibilidad de que el fondo del asunto se resuelva de forma conjunta con la admisibilidad se tomará una vez que el Estado mexicano responda a la petición. Se advierte que transcurridos los 40 días, podrían ser notificados de la posibilidad de un fallo conjunto, abriendo un nuevo plazo de cuatro meses adicionales para que la CIDH dicte una resolución de fondo. En el oficio, la CIDH también advierte que pone a disposición de ambas partes todos los mecanismos para que puedan llegar a «una solución amistosa fundada en el respeto de los derechos humanos». No obstante, el abogado de las personas juzgadoras, Zamir Fajardo, advirtió que la negociación estaría sujeta a que el gobierno de Claudia Sheinbaum reconozca que la reforma incurrió en violaciones graves, una posibilidad que no vislumbran en lo inmediato. Se denuncian graves violaciones a derechos humanos con la aprobación de la reforma judicial, incluyendo el despido masivo de jueces, el desmantelamiento de la carrera judicial y la vulneración al principio de independencia judicial. Según los denunciantes, desde la aprobación de la reforma, «el oficialismo ha intentado impedir que los tribunales nacionales se pronuncien sobre su compatibilidad con los derechos humanos», estrategia que incluyó medidas como la reforma constitucional de inimpugnabilidad y el desacato deliberado a cientos suspensiones judiciales. El Estado mexicano ha bloqueado deliberadamente los mecanismos internos de control, lo que abre claramente la puerta a la intervención de la jurisdicción internacional.
