El Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular el Plan B de la Reforma Electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, con 87 votos a favor y 41 en contra. Ahora el documento fue remitido a la Cámara de Diputados para su discusión y aprobación. Así, la revocación de mandato se realizará en el 2028 como lo establece la Constitución. Durante la jornada, senadores de Morena, PAN, PRI, Verde y Movimiento Ciudadano presentaron diversas propuestas para modificar el dictamen, pero no fueron aceptadas por el Pleno del Senado, por lo que los artículos 115, 116 y 134 fueron avalados. Fue la senadora petista Lizeth Sánchez García quien pidió suprimir los cambios al artículo 35 sobre la revocación de mandato. Por lo que esta figura se mantiene en los términos vigentes de la Constitución Política. Sin embargo, la modificación al Artículo 35 de la Constitución, relacionada con la revocación de mandato, fue eliminada tras una reserva presentada por el Partido del Trabajo. La iniciativa fue avalada con el respaldo de Morena, el Partido Verde y el PT, aunque este último decidió no acompañar uno de los puntos centrales del dictamen, lo que generó tensiones durante la discusión en el Pleno. «Pero lo más importante que queremos señalar que, nuestro partido es fundador de la Cuarta Transformación, y con ella seguiremos al lado de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo», agregó Anaya. Al defender la reforma a la revocación de mandato, la senadora morenista Malú Micher aseguró que tal mecanismo es una expresión sustantiva del principio de soberanía popular y un instrumento de control democrático. Sánchez García argumentó que el PT respalda el proyecto de Sheinbaum Pardo, al igual que el fortalecimiento de la participación del pueblo, aunque sostuvo que la revocación de mandato y las elecciones son mecanismos con propósitos distintos que, de mezclarse en un mismo proceso electoral, «se corre el riesgo de distorsionar su sentido democrático». Horas antes, al fijar la postura de su bancada, el senador Beto Anaya había anunciado que votarían en lo general a favor del Plan B, pero se separarían del Artículo 35 en materia de revocación de mandato. «No es una figura simbólica, es una herramienta que transforma la manera en que se ejerce el poder», dijo, y completó diciendo que con esta reforma «el mandato deja de ser inmutable» para estar sujeto al escrutinio de la gente. No obstante, luego de varias semanas de discusión y tras el rechazo a la Reforma Electoral, la nueva propuesta de Sheinbaum salió descafeinada de la Cámara alta, sin su principal ingrediente y por la falta de apoyo de uno de los aliados de Morena: el Partido del Trabajo. «Nos separamos del contenido del dictamen dijo en lo que se refiere al artículo 35 de la Constitución», dijo el coordinador de los petistas en el Senado. Con los cambios constitucionales, los ayuntamientos de los municipios podrán integrarse con una sindicatura y hasta quince regidurías; también para el ámbito local, se agrega que el presupuesto de las legislaturas locales no debe exceder del 0.70% del presupuesto de egresos de la respectiva entidad federativa. Para las autoridades electorales, el dictamen precisa que no podrán tener una remuneración mayor a la que percibe la persona titular del Ejecutivo Federal los consejeros, magistrados, secretaros titulares de las órganos administrativos y titulares de áreas ejecutivas y técnicas u homólogos del Instituto Nacional Electoral, los organismos públicos locales electorales y los tribunales electorales de las entidades federativas. En el tercero transitorio del proyecto también se establece que el presupuesto anual autorizado para el Senado de la República deberá ajustarse de manera progresiva durante los cuatro ejercicios fiscales subsecuentes, con el objeto de alcanzar, al término de ese periodo, una reducción acumulada equivalente al 15%.
Senado de México aprueba Reforma Electoral
El Senado de México aprobó el 'Plan B' de la Reforma Electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum. Los cambios clave incluyen límites en el gasto de las autoridades electorales y presupuestos legislativos locales. La revocación de mandato se mantiene sin cambios.