La Suprema Corte de Justicia de México acredita la omisión legislativa y vincula al Congreso de Nuevo León a que, a más tardar en el próximo periodo ordinario de sesiones, que inicie con posterioridad a la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia, armonice su marco jurídico ajustándose a lo que establece la Constitución del País y las leyes generales de la materia.
La reforma contempla eliminar los organismos autónomos de transparencia locales y que sus funciones de acceso a la información y protección de datos sean transferidas a los Estados.
La respuesta de Movimiento Ciudadano (MC) fue el recurso en la Corte. El Congreso local usa un artículo transitorio de la reforma que permite que los organismos locales sigan en funciones mientras se concreta el ajuste a la ley, como es el caso de Nuevo León.
Debido a la presunta omisión en su legislación, la Suprema Corte de Justicia ordenó al Congreso local legislar con obligatoriedad la reforma en Materia de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, misma que obliga a desaparecer el órgano INFO NL.
En la ponencia de la magistrada Sara Irene Herrerías de la controversia constitucional promovida por Palacio de Cantera, señala que el legislativo omitió la armonización de dicha ley en junio del 2025, por lo que tendrá como límite el siguiente periodo ordinario hasta mayo para realizar dicha legislación.
Además, busca modificar la legislación para sostener parte de la nómina, como la opción de convertirlo en una herramienta desprendida desde el legislativo.
Esto es un embate para el PAN, ya que sostiene a diversos aliados en dicha nómina y dejaría de tener esta herramienta bajo su mando.
La disputa comenzó en las negociaciones de Presupuesto a finales del año anterior, donde el ejecutivo pidió a la oposición legislar dicha reforma para desaparecer al organismo local, sin embargo, el PRI y PAN en una contrapropuesta solicitaron cerca de 150 millones de pesos como presupuesto este 2026.