El Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas (CED) presentó una evaluación sobre la situación de las desapariciones forzadas en México, que abarca desde 2006 hasta 2026. La información destaca las 28,880 desapariciones reportadas del 1 de enero de 2023 al 22 de abril de 2025 en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas; la presencia de fosas clandestinas; la sistemática privación de libertad en disputas territoriales entre cárteles; y la presunta participación de servidores públicos. El Comité advierte que el acumulado nacional sigue en aumento, con más de 132,400 personas desaparecidas al 19 de febrero de 2026. Documenta también un agravamiento de la crisis forense, con alrededor de 72,000 restos humanos sin identificar en 2026. Se identifican incrementos significativos en regiones como Guanajuato y Tabasco. A partir de su análisis, el Comité concluye que existen indicios bien fundados de que las desapariciones forzadas se han perpetrado y se siguen perpetrando en México como crímenes de lesa humanidad. En contraste, el Estado mexicano ha rechazado categóricamente esta conclusión, calificando el informe como 'tendencioso' y parcial, al basarse principalmente en datos de 2009-2017.
