Cualquiera puede ser víctima de desaparición forzada en México, y, por desgracia, no se puede descartar el hecho de que hasta los criminales vean un beneficio en los esfuerzos presidenciales que, en un principio, se enfocaron en un número limitado de desaparecidas, que, redondeando, representan un tercio de las supuestas. Lo ha dicho el propio García Harfuch, y en los estados donde se toman en serio la seguridad, se nota. En su perenne búsqueda de impunidad, el crimen opera en varias lógicas. Eso es malo para cualquier negocio oscuro. Porque, al dejar rastros, los homicidios, eventualmente, indigestan a la sociedad y, por ende, al gobierno, pues demuestran que este ni impide masacres entre bandas –ni la muerte de ciudadanos que se resisten o son víctimas colaterales–, ni castiga a los homicidas. Desde octubre de 2024, la presidenta Sheinbaum definió que bajaría el número de homicidios capturando a “generadores de violencia”. Tan es así que desde tiempos de Calderón tenemos varios “ejecutómetros”, y hoy una mañanera quincenal sobre homicidios, pero para nada un seguimiento diario de desaparecidos. La presidenta Sheinbaum parece decidida a que en su sexenio no cambie eso. Bajará los homicidios, índice de su éxito. Los gobiernos no buscan a las personas desaparecidas; cuando mucho, agregan al expediente lo que la familia indaga. Van para dos décadas que mujeres, jóvenes y migrantes se esfuman sin importar gran cosa. No abona, para empezar, a un sentido de urgencia: miren, ya son menos. Encima, desde la semana pasada, la delincuencia escucha a la presidenta rechazar ayuda de la ONU y aseverar que el Estado no está rebasado: es decir, el crimen recibe el mensaje de que el statu quo, el que les ha permitido actuar a sus anchas por lustros, seguirá. El resultado previsible sería más simulación de las instituciones de procuración de justicia, que se traduciría en aún mayor impunidad y maximización de las oportunidades de los criminales para robar, extorsionar, matar y, por supuesto, desaparecer. Empero, ¿qué es un desaparecido? Ponemos sobre las familias de un desaparecido la carga de la prueba, ya sea de inocencia –que se trata de una víctima real y no de alguien que “se la buscó”–, ya sea de que es genuina la sustracción –que no se fue con el novio, que no abandonó a la esposa…–. El viacrucis para una familia que padece la desaparición de un ser querido comienza al momento mismo de notificar la ausencia. Y al correr de los días, el abandono institucional se vuelve anécdota que se repite en puñados de casos diarios. Las masacres que, desde tiempos de Fox, y no se diga con Calderón, se fueron multiplicando despiertan, así sea de tanto en tanto, indignación ciudadana. La capacidad de los criminales en México es directamente proporcional a la podredumbre de policías, fiscalías y gobiernos. Es temprano para saber si habrá menos impunidad o solo más presos. Mucho antes del nuevo enfoque anticrimen de la segunda administración obradorista, los criminales ya habían descubierto que una forma de evitar que “se les caliente la plaza” por presión ciudadana era desaparecer a rivales y ciudadanos rejegos. La ausencia de una persona es más difícil de catalogar, investigar y, por lo mismo, castigar. Las policías y los ministerios públicos son el primer muro a sortear: ¿está segura?, espere a ver si aparece, deje pasar el plazo, vuelva después. Se pierde irrecuperable terreno en la probabilidad de dar con la víctima. Y redondeará en 43 mil su recuento oficial de desaparecidas. A eso atribuyen el descenso de 44 por ciento en año y medio. A partir de ahí, es de esperarse que fije otro parámetro de buen desempeño: que suban lo menos posible. Las fiscalías no se van a esforzar en abrir carpetas por desaparición que harían visible en Palacio Nacional su incapacidad y corrupción; el mensaje que dio la presidencia no fue “salgan y vayan a buscar”, sino “ordenen”. Con respecto a autoridades, resiste o compra a quienes le deberían combatir; respecto a sus rivales y a ciudadanos sin involucramiento delincuencial que desacatan, los intenta eliminar. Matar en el siglo XXI es muy sencillo para quienes se benefician del contrabando de armas, de la sofisticación tecnológica que posibilita desde drones cada vez más capaces hasta sistemas de comunicación propios, y de mano de obra, libre o forzada, abundante y barata. El homicidio tiene un gran inconveniente. Un muerto provoca desde repulsión hasta morbo, sin descartar miedo a un destino similar y sentimientos piadosos.
