La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió un nuevo criterio sobre el bloqueo de cuentas ordenado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). El máximo tribunal determinó que el bloqueo no es una sanción, sino una medida administrativa preventiva para proteger el sistema financiero de operaciones con recursos ilícitos y financiamiento al terrorismo. Con esto, se elimina la necesidad de una intervención judicial previa si la autoridad tiene elementos suficientes. Este cambio es significativo respecto a la interpretación anterior, que se basaba principalmente en compromisos internacionales. Ahora, como medida preventiva, puede aplicarse en etapas tempranas de una investigación. A pesar de esto, las personas físicas y morales pueden recurrir a mecanismos de defensa como la garantía de audiencia y el juicio de amparo. Se vuelve indispensable fortalecer los esquemas de cumplimiento normativo y compliance para mitigar riesgos y asegurar la protección del derecho al patrimonio.
