El reciente informe del Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED) ha puesto a México en una posición sumamente incómoda. En el informe se solicita al secretario general de la ONU que lleve el caso de las desapariciones en México ante la Asamblea General. Tan pronto se conoció el informe, desde la máxima tribuna nacional se alzaron voces de descalificación, señalando errores metodológicos en la cuantificación de las cifras, en la temporalidad y en la falta de consideración de los esfuerzos gubernamentales de los últimos años, llegando a cuestionar la independencia del comité de expertos, cuyo presidente inmediatamente reviró, afirmando que dicho organismo, efectivamente independiente, forma parte de la ONU. La crítica internacional, evidentemente, ha colocado a la actual administración en una posición muy delicada, que ha hecho todo lo posible por minimizar la exorbitante cifra de desaparecidos mediante mecanismos estadísticos que, más que aplacar la crítica, la han incentivado a nivel nacional y ahora trascienden al ámbito del máximo organismo global del que, por decisión soberana, formamos parte. El tema genera preocupación en la cúpula gubernamental debido a las implicaciones que una exposición a nivel internacional pueda tener, no solo de reputación, sino también políticas y, particularmente, económicas. Es crucial recordar que la causa de las desapariciones está asociada a los altos índices de inseguridad y a la violencia de bandas criminales clasificadas como terroristas por el gobierno de Estados Unidos. Independientemente de posibles imprecisiones conceptuales, metodológicas o políticas en el informe del CED, lo innegable es que México está bajo el escrutinio internacional por parte de organismos de evaluación mutua a los que el país se ha sumado voluntariamente, por lo que debería ser corresponsable de sus diagnósticos y recomendaciones, formando parte de nuestro marco legal. El rechazo al contenido del informe no altera la realidad diaria, ni mucho menos la de las familias que sufren la angustia de no saber el paradero de un ser querido. Cada uno de los más de ciento treinta mil desaparecidos, documentados de alguna manera, constituye una tragedia familiar que no puede ser ignorada con un frío tratamiento estadístico. El entorno para nuestro país es delicado, fuertemente influenciado por factores externos y catalizado por la compleja situación interna, que está bajo un muy, pero muy, cercano observación.
