La Cámara de Diputados declaró este martes la constitucionalidad del denominado Plan B de la reforma electoral impulsada por el gobierno de Claudia Sheinbaum, luego de que la iniciativa fuera avalada por la mayoría de los congresos estatales. Una vez cumplido ese trámite, la reforma será remitida al Ejecutivo para su promulgación y posterior publicación en el Diario Oficial de la Federación. El proyecto será remitido al Senado para su declaratoria final y posterior publicación en el Diario Oficial de la Federación. Durante la sesión, la Mesa Directiva de San Lázaro informó al Pleno que la reforma obtuvo el respaldo de las legislaturas de Veracruz, Puebla, Chiapas, Oaxaca, Hidalgo, Tabasco, Quintana Roo, Baja California y Estado de México, entre otras entidades que dieron su aval en los últimos días. El Plan B de Sheinbaum logra apoyo de congresos estatales y queda a un paso de entrar en vigor. A ese listado se sumaron también los congresos locales de Guerrero, Campeche, Yucatán, San Luis Potosí, Sinaloa, Colima, Tamaulipas, Tlaxcala, Baja California Sur y la Ciudad de México, con lo que se superó el umbral constitucional necesario para validar la reforma. El Plan B había sido aprobado la semana pasada en San Lázaro con mayoría calificada. El siguiente paso será el aval del Senado, que deberá realizar su propia declaratoria formal. Laura Itzel Castillo, presidenta del Senado, anunció que la declaratoria del Plan B será discutida en el pleno el próximo miércoles. En esa instancia, el oficialismo reunió 377 votos a favor contra 102 en contra, con el respaldo de Morena, el Partido Verde, el PT y Movimiento Ciudadano, mientras que el PAN y el PRI votaron en contra. El PT votó el Plan B de Sheinbaum, pero persisten las tensiones con Morena. La iniciativa surgió como una versión recortada de la reforma electoral original que presentó Sheinbaum, que no logró reunir los votos necesarios en el Congreso. Con ese requisito cumplido, la Cámara de Diputados emitió la declaratoria de constitucionalidad. A diferencia de aquella propuesta más ambiciosa, este paquete introduce modificaciones puntuales a la Constitución, centradas principalmente en la reducción del gasto político y ajustes operativos. El documento aprobado modifica los artículos 115 y 116 y adiciona un párrafo al 134 de la Constitución e incluye la prohibición de reelección para cargos electos y el nepotismo en instituciones públicas, reduce los recursos destinados a los congresos estatales y al Senado. Durante la mañanera del 10 de abril, la presidenta anunció la aprobación del Plan B en los congresos estatales. Además, elimina las pensiones doradas y recorta sueldos, bonos y seguros de gastos médicos para consejeros y magistrados electorales. Al mismo tiempo, fija un tope de hasta 15 regidurías en los ayuntamientos y establece un límite de 0.7% del presupuesto estatal para el funcionamiento de los congresos locales. Al tratarse de una reforma constitucional, el proyecto debió ser aprobado por al menos 17 congresos estatales.
