El Senado de la República aprobó por unanimidad el martes una reforma constitucional para fortalecer el combate al feminicidio en México, al facultar al Congreso de la Unión para expedir una ley general en la materia. Con 109 votos a favor, el Pleno avaló modificaciones al artículo 73 de la Constitución, con lo que se busca establecer una legislación que defina un tipo penal homogéneo, así como sanciones y criterios de investigación aplicables en todo el país. La minuta fue enviada a la Cámara de Diputados para su análisis y eventual aprobación. De acuerdo con el dictamen, derivado de una iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, la futura ley permitirá articular acciones entre los distintos niveles de gobierno para garantizar el acceso de mujeres y niñas a una vida libre de violencia, además de fortalecer las capacidades del Estado para prevenir, investigar, sancionar y erradicar estos delitos. El documento precisa que la reforma no implica impacto presupuestario adicional. Actualmente, el feminicidio está tipificado de manera distinta en las legislaciones estatales, lo que, de acuerdo con el dictamen, dificulta una respuesta uniforme. Ante ello, la reforma plantea establecer bases homogéneas para su tipificación, investigación y sanción, así como homologar estándares con perspectiva de género y reforzar la coordinación entre la Federación y las entidades. También incluye medidas para garantizar el acceso a la justicia y la reparación del daño a las víctimas, así como la protección de niñas, niños y adolescentes que quedan en orfandad por feminicidio. Martha Lucía Micher, de Morena, sostuvo que el feminicidio “no admite demoras” y lo calificó como una grave violación a los derechos humanos. Por el PAN, Verónica Rodríguez Hernández indicó que su voto a favor busca fortalecer la protección a las mujeres y subrayó que este delito representa una de las expresiones más graves de violencia de género. En tanto, la senadora del PRI, Paloma Sánchez Ramos, consideró que la reforma obliga al Estado a actuar frente a la impunidad y advirtió que la violencia de género representa “una deuda que el Congreso lleva años acumulando”. Por su parte, Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano, reconoció el avance, aunque advirtió que el problema requiere medidas adicionales: “Se requiere de acciones más profundas, porque este problema no se va a resolver simplemente con este proyecto”. Durante la sesión, una reserva presentada por la senadora priista Mely Romero Celis no fue admitida para discusión. Este grupo, señala el dictamen, enfrenta afectaciones “emocionales, sociales y económicas” que requieren atención integral, incluyendo servicios de salud, apoyo psicológico y acceso a la educación. Durante la discusión, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el morenista Óscar Cantón Zetina, afirmó que se trata de una reforma de gran relevancia: “No se habla sólo de leyes, sino de mujeres, niñas, madres, hijas, de familias que viven con una silla vacía y de un Estado que ya no puede fallar”.
